El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) tenía registrados, en diciembre de 2023, 30.000 riojanos con empleo formal privado que disminuyeron a 27.400 personas para diciembre del 2024. En un año se perdieron 2.600 empleos en consonancia con la situación en el orden nacional por efectos del Plan de Regularización del Trabajo No Registrado incluido en la ley Bases.
A fines del 24, La Rioja fue la provincia con más caída del trabajo registrado privado, calculado en un 8,6%. El rubro más afectado fue el de la Construcción y le siguió la Textil a partir del cierre o merma de producción en el Parque Industrial.
Lucas Emanuel Torres, becario postdoctoral y coordinador del grupo de Estudios del Trabajo en el INDES (Instituto de Estudios para el Desarrollo Social) y el CONICET investigó el trabajo informal. Lo definió como “actividades económicas llevadas a cabo por personas y por unidades económicas que carecen, parcial o completamente, de cobertura de sistemas formales” cuyo principal perjuicio es “la privación a trabajadores y trabajadoras de acceder a derechos relacionados con aportes jubilatorios, coberturas de salud, pagos de aguinaldo y licencias por vacaciones o enfermedad”.
Incluyó a la precariedad cuando están registrados, pero sin condiciones laborales adecuadas como “jornadas de trabajo que exceden las ocho horas diarias, sueldos por debajo de acuerdos sectoriales, condiciones de salud y seguridad inapropiadas; incertidumbre en continuidad laboral permanente; ausencia de oportunidades de capacitación y especialización”, entre otras dificultades detectadas”.
Esta situación ocurre también con los monotributistas, que pueden ser cuentapropistas y/o profesionales, de Uber, delivery, comercio callejero, feriantes, cosecheros o trabajo golondrina, doméstico más contratos temporales, becas o pasantías que dejan en gran medida, en manos del trabajador, hacerse cargo del pago del monotributo, aportes previsionales y obra social. Al ser considerados trabajadores individuales aumentaron las dificultades para organizarse colectivamente en sindicatos o gremios limitando la capacidad de reclamo y mejora de sus derechos laborales.
Las reformas laborales actuales impulsan que el mercado y/o los empleadores regulen las actividades excluyendo al Estado como garante de políticas públicas orientadas a la protección integral de los trabajadores, un salario mínimo digno y salvaguarda de derechos laborales.