Así lo expresó a través de un comunicado la Secretaría de DDHH de La Rioja, a partir de que el Gobierno nacional cerró la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños durante la última dictadura militar, que formaba parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).
En este marco, desde la Secretaría de DD HH de la provincia indicaron que “esta vez se deroga el decreto 715 del año 2004 que incorporaba en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la Unidad Especial de Investigación, fundamental, por sus facultades y competencias, para acceder a archivos y fuentes documentales de organismos del Poder Ejecutivo y brindarlas, a quienes legítimamente la requieran, a los fines de avanzar en la restitución de identidad de niños y niñas apropiados por el Terrorismo de Estado”.
De este modo indicaron que esto es “un paso más de este gobierno, que lo acerca e identifica en su ejercicio y gestión a la dictadura”.
En este sentido, manifestaron su indignación ante este “retroceso institucional, legal, político y ético, que trata de vaciar y desmantelar las políticas de memoria, verdad y justicia. Se suma la decisión ajustada de la Cámara de Diputados de la Nación, de no sancionar a los y las diputadas que visitaron genocidas condenados”.
Derogación del decreto 715
Esta Unidad, creada en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), tenía como misión asistir en las investigaciones relacionadas con la desaparición de menores durante la última dictadura militar, accediendo a archivos y documentos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, así como de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
El decreto argumenta que la creación de esta Unidad implicaba una delegación de facultades que, según la Constitución Nacional, son exclusivas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.
En particular, se señala que el acceso directo e irrestricto a información confidencial sin intervención judicial, otorgado por el decreto ahora derogado, constituía una violación del derecho a la intimidad y otras garantías constitucionales, como el debido proceso.
El Gobierno fundamentó la derogación en precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvieron que la atribución de funciones jurisdiccionales a órganos administrativos es inconstitucional.