Desde el Ministerio de Capital Humano adujeron el objetivo de «lograr una buena gestión y administración eficiente de los recursos».
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, disolvió más de una decena de programas sociales y culturales.
El Gobierno nacional dio de baja una serie de programas sociales y culturales, gestionados por la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, con el objetivo de «lograr una buena gestión y administración eficiente de los recursos». «Es indispensable la readecuación y unificación de la normativa que implique la duplicidad de programas», señalaron.
La medida se implementó a través de las resoluciones 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 y 154 de la cartera que conduce Sandra Pettovello, publicadas este jueves en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez.
En los textos, el Gobierno alega que «resulta indispensable la readecuación y unificación de la normativa que implique la duplicidad de programas o Líneas de Acción así como de la inversión de los recursos públicos».
Los programas cancelados por el Ministerio de Capital Humano
- Participar en Comunidad, que tenía como objetivo «promover una mayor participación y articulación de las instituciones, organizaciones y actores de la comunidad a fin de responder de manera integral a las demandas y necesidades locales planteadas en territorio, principalmente de los sectores más vulnerables, favoreciendo el abordaje integral de las políticas sociales, mediante el fortalecimiento de los Centros Integradores Comunitarios y los actores que los conforman, como así también la realización de acciones tendientes al Fortalecimiento para el Desarrollo Humano».
- Programa Nacional de Promoción y Protección de Derechos, destinado a «el fortalecimiento del niño como sujeto de derechos y ciudadano a través de la promoción y divulgación de sus derechos, a fin de garantizar su desarrollo pleno, integración familiar y comunitaria, priorizando su ‘centro de vida’».
- Programas Espacio Unzué, Espacio Sarmiento, Espacio Crescencia Boado de Garrigós y Colonia Gutiérrez e Inchausti, creados para promocionar «la convivencia familiar; fortalecer el sistema de protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes, instando el principio de corresponsabilidad que le compete a las organizaciones públicas y privadas».
- Centros de Referencias, iniciados con el fin de ser «instrumento de afianzamiento de la presencia institucional del Ministerio en el territorio nacional».
- Jugando Construimos Ciudadanía y Programa Nacional de Derecho al Juego (JUGAR), que tenía como objetivo «propiciar la producción de conocimiento en la temática del juego en la franja etaria comprendida entre los 0 a 17 años, garantizando de esta manera el derecho al juego de niños, niñas y adolescentes en todo el país».
- Programa de Promoción de Actividades Recreativas y Socio Comunitarias, que apuntaba a resguardar a «el derecho al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas de cada niño».
- Unidad Técnica para el Abordaje Integral de Derechos, creada para «prevenir y reducir las situaciones de vulneración de derechos garantizando el acceso y desarrollo integral».
- Departamento de Salud Integral, que buscaba brindar una asistencia directa a aquellos niños y adolescentes que se encontraban en institutos que estaban a cargo de la Secretaría de Niñez.
- Programa de Protección Integral de Derechos de Niñas y Niños con Madres Privadas de la Libertad, creado para acompañar a los menores hijos de mujeres detenidas.
- Línea Activar, destinada a «el establecimiento de diversas acciones de trabajo con adolescencias, abordadas desde una multiplicidad de acciones tendientes a fortalecer espacios de encuentro y participación, que reforzaren los lazos comunitarios y la autonomía progresiva de los adolescentes».
- Consejo Consultivo de Adolescentes y el Programa nacional de Derechos a la Participación Ciudadana de Niñas, Niños y Adolescentes, desarrollado para «garantizar el ejercicio del derecho a la participación ciudadana de los adolescentes de 13 a 17 años, través de la institucionalización de mecanismos de consultas, donde dicha franja etaria de la población pudiese participar en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas que les correspondieren».